Gestora que estafó a comerciantes por casi 1.5 millones de pesos quedó libre y hará trabajo comunitario

Una mujer de 33 años fue condenada a 15 meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, en una causa vinculada a las denuncias de comerciantes de San José que le entregaban dinero para el pago de obligaciones y la realización de trámites de sus empresas.

La condena fue dispuesta en las últimas horas por el Juzgado, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en la Comisaría 1ª.

Según la denuncia, la mujer identificada como Victoria Izquierdo, se desempeñaba como gestora de una empresa familiar y durante varios años había recibido depósitos destinados al pago de obligaciones y trámites, sin que posteriormente se acreditara la efectiva realización de los mismos.

Las averiguaciones realizadas permitieron constatar irregularidades y determinaron además que la mujer ya contaba con denuncias anteriores por hechos de similares características.

La condena corresponde al caso que tomó estado público en mayo pasado, cuando el programa televisivo Todo se sabe difundió una investigación sobre las denuncias de decenas de pequeños comerciantes de San José.

Los damnificados habían relatado que transferían dinero a la gestora para que efectuara pagos de aportes patronales, obligaciones tributarias y otros trámites ante organismos públicos, entre ellos la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social.

Sin embargo, varios de ellos comprobaron posteriormente que los pagos no se habían realizado y que acumulaban atrasos de más de dos años, con las consiguientes multas y recargos. Algunos comerciantes señalaron que las deudas superaban los $80.000 y $100.000.

De acuerdo con las estimaciones expuestas en aquella investigación periodística, el dinero involucrado podía alcanzar aproximadamente $1,5 millones y las maniobras se habrían extendido durante tres o cuatro años.

Los comerciantes también habían señalado que, al reclamar por los pagos pendientes, recibían explicaciones vinculadas a supuestos problemas personales o familiares que justificaban las demoras. En aquel momento, varios de los afectados afirmaron haber presentado denuncias ante la Justicia y el caso se encontraba en investigación.

Condena Ahora, cuatro meses después de que la situación tomara estado público, la Justicia condenó a la mujer por apropiación indebida. Los 15 meses se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Justicia.

Entre ellas se dispuso la presentación semanal en la dependencia policial correspondiente y la prestación de servicios comunitarios durante 10 meses.