Piden informes por situación de Dirox y posibles riesgos de contaminación en Libertad

El planteo fue realizado al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República y pone el foco en la situación del establecimiento industrial, actualmente sin actividad y sometido a un proceso de liquidación judicial. En el escrito, la legisladora sostiene que el caso no se limita a una instancia empresarial o comercial, sino que plantea interrogantes sobre la gestión de residuos peligrosos, la protección del ambiente y el futuro laboral de unos 60 trabajadores que permanecen en seguro de desempleo.

Velázquez señala en el documento que la situación de DIROX “no es simplemente un proceso de liquidación judicial de una unidad productiva; es una crisis latente que pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a efectos ambientales críticos para la sociedad y la vulnerabilidad de sus trabajadores”.

En su presentación, la representante repasa antecedentes de la empresa y menciona que la firma, instalada en la década de 1990 con capitales italianos, producía sales de cromo y taninos para el curtido del cuero, además de vitamina K3. Según indica, la materia prima principal utilizada en sus procesos era cromo 6, un metal pesado al que atribuye riesgos para la salud humana.

El escrito detalla además que desde su instalación la empresa habría enfrentado diversas observaciones y clausuras por irregularidades vinculadas a su funcionamiento ambiental. Se mencionan episodios registrados en distintos años, asociados a controles oficiales, manejo de residuos y eventuales afectaciones a trabajadores y al entorno.

Uno de los aspectos centrales del pedido refiere a la situación actual de la planta, que permanece cerrada desde 2025. Velázquez advierte sobre la existencia de residuos industriales que podrían seguir dentro del predio y plantea la necesidad de conocer qué controles se realizan sobre esos materiales.

En ese sentido, sostiene que la principal preocupación es la “herencia tóxica” que podría haber quedado en el establecimiento y cuestiona: “¿Qué está ocurriendo con los residuos industriales que permanecen en la planta desde su cierre?”. Agrega que, a su entender, “el silencio administrativo ante el destino de estos desechos es inaceptable en un Estado de Derecho que debe velar por la salud pública y el medio ambiente”.

El pedido de informes incluye 11 consultas concretas al Ministerio de Ambiente. Entre ellas, solicita información sobre el historial de fiscalización y monitoreo de la empresa, los relevamientos técnicos efectuados, la existencia de inventarios oficiales de residuos contaminantes y el estado actual de los desechos presentes en la planta.

También se consulta si existen acciones coordinadas entre organismos nacionales y departamentales para el control del predio, así como eventuales actuaciones vinculadas al proceso judicial de liquidación y las medidas adoptadas para asegurar la custodia de materiales considerados potencialmente peligrosos.

Otro punto mencionado en el escrito refiere a la ubicación del establecimiento, asentado sobre el Acuífero Raigón y próximo a cursos de agua que desembocan en el Río San José. Para la legisladora, ese contexto vuelve especialmente relevante conocer el grado de riesgo actual de contaminación de suelos, aire y cursos fluviales.

A su vez, el documento incorpora la dimensión social del cierre de la empresa. Velázquez subraya que unas 60 familias se encuentran afectadas por la paralización de la actividad y que persiste incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores.

Finalmente, la diputada solicita que se informe si en los pliegos de una eventual venta o adquisición en bloque del establecimiento se contemplan las obligaciones relacionadas con la disposición de residuos tóxicos, los controles posteriores y la evaluación de riesgos para la salud humana y el ambiente.