Camy propone incautar vehículos para frenar picadas, maniobras temerarias y ruidos molestos

El planteo apunta a establecer un marco más estricto para sancionar conductas como la participación en competencias vehiculares no autorizadas, la realización de maniobras imprudentes o temerarias y la generación de ruidos molestos o contaminación sonora, situaciones que —según se fundamenta— han sido constatadas en distintos puntos del departamento.
En ese sentido, el proyecto dispone que el Cuerpo Inspectivo de la Intendencia pueda proceder a la inmovilización e incautación de automóviles y motocicletas por un plazo de hasta 90 días corridos cuando se verifiquen este tipo de prácticas. La medida se aplicaría sin perjuicio de las multas u otras sanciones previstas en la normativa vigente.
El texto también prevé que, en caso de ser necesario, los inspectores puedan contar con apoyo del Ministerio del Interior para llevar adelante los procedimientos. Además, establece que si el infractor fuera menor de edad, se deberá dar intervención inmediata a sus representantes legales y al titular del vehículo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta está en las condiciones para la devolución de los vehículos incautados. Para concretar la restitución, los titulares deberán acreditar que no mantienen deudas tributarias vencidas, abonar la totalidad de los costos generados durante el proceso —como traslado, depósito o vigilancia— y presentar la documentación obligatoria vigente.
Entre los documentos exigidos se incluyen la libreta de propiedad, la cédula de identidad, el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría correspondiente. A su vez, antes de ser entregado, el vehículo deberá superar una inspección técnica que determine que se encuentra en condiciones aptas para circular.
El proyecto incorpora además un capítulo referido a los vehículos que no sean retirados dentro de los plazos que establezca la reglamentación o cuyos titulares no cumplan con los requisitos fijados. En esos casos, podrán ser declarados en estado de abandono, previa notificación al titular registral, lo que habilitará su eventual remate, destrucción o destino final conforme a lo que disponga la normativa.
En la exposición de motivos, Camy sostiene que la normativa actual no resulta suficiente para disuadir estas conductas, en tanto permite una recuperación rápida de los vehículos retenidos. Por ello, entiende necesario fortalecer las medidas preventivas y sancionatorias, incorporando herramientas que apunten a evitar la reiteración de estas prácticas.
El edil fundamenta además que el tránsito y la seguridad vial son materias de competencia departamental, respaldadas por distintas normas nacionales que habilitan a los gobiernos departamentales a regular, fiscalizar y sancionar dentro de su jurisdicción. En esa línea, el proyecto busca dotar a la Intendencia de San José de mayores instrumentos legales para actuar ante situaciones que afectan la seguridad y la convivencia en la vía pública.
La iniciativa fue presentada para su estudio en la Junta Departamental y propone que, en caso de aprobarse, el Ejecutivo Departamental sea el encargado de reglamentar su aplicación, definiendo procedimientos, plazos y condiciones específicas para su implementación.