Un informe emitido por el programa La Pecera, de Azul FM, señaló que el padrón donde reside Gustavo Bares figura ante Catastro con 348 metros cuadrados de superficie y cero metros construidos. El director de Obras de la Intendencia de San José reconoció que no es titular del terreno y afirmó que su familia procura regularizar la situación mediante un trámite de prescripción.

Un informe del programa La Pecera, conducido por el periodista Ignacio Álvarez en Azul FM, abordó la situación del predio donde reside el director de Obras de la Intendencia de San José, Gustavo Bares, y cuestionó que las construcciones existentes no figuren declaradas ante Catastro.
Según la documentación presentada durante el informe, el padrón urbano Nº 6666, ubicado sobre la calle Laura Cortinas de San José de Mayo, cuenta con una superficie de 348 metros cuadrados y figura con cero metros cuadrados edificados en la cédula catastral.
El programa señaló que, pese a ese registro, en el lugar existen construcciones y que imágenes aéreas permiten identificar al menos tres estructuras dentro del predio.
Consultado por La Pecera, Bares reconoció que reside en el lugar y que no figura como titular del predio.
El jerarca explicó que el terreno fue ocupado por sus abuelos y que posteriormente vivieron allí sus padres, tíos y otros integrantes de su familia. Según sostuvo, su familia procura regularizar la titularidad mediante un proceso de prescripción.
Bares también reconoció que en el predio se realizaron reformas y ampliaciones a lo largo de los años.
El director de Obras sostuvo que la regularización no depende exclusivamente de él, debido a que no es titular del terreno, y señaló que otros integrantes de su familia se encuentran trabajando para resolver la situación.
El padrón Durante el informe se exhibió documentación de la Dirección General de Registros según la cual el terreno figura a nombre de cuatro hermanos de apellido Sarabia, a partir de una sucesión inscripta en 2002. También aparecen antecedentes registrales vinculados al inmueble correspondientes a sucesiones anteriores.
De acuerdo con lo informado, Bares manifestó que su familia procura avanzar hacia un eventual reconocimiento de derechos posesorios mediante el mecanismo de prescripción.
El programa explicó que este tipo de procedimiento requiere acreditar una posesión prolongada y cumplir con los requisitos establecidos legalmente para obtener el reconocimiento de la propiedad.
Documentación El secretario general de la Intendencia, Leonardo Giménez, también fue consultado sobre la situación.
Giménez manifestó que tomó conocimiento del caso a través del propio Bares y que se trata de una situación conocida públicamente en San José, pero señaló que hasta el momento no había accedido a documentación que permitiera determinar la situación jurídica del predio.
Consultado sobre si la Intendencia consideraba necesario investigar el caso, sostuvo que por el momento no se había planteado una actuación al respecto y que no había recibido una denuncia formal.
Jiménez afirmó además que tanto él como la Intendencia de San José han respaldado públicamente la gestión de Bares al frente de la Dirección de Obras.
Cuestionamientos El informe también recogió declaraciones del edil del Frente Amplio Fabio Reyes, quien cuestionó la situación del predio y sostuvo que las construcciones existentes no estarían declaradas ante los organismos correspondientes.
Estas afirmaciones fueron planteadas como parte de los cuestionamientos políticos recogidos por el programa. La información disponible no establece, por sí sola, la existencia de una resolución administrativa o judicial que determine irregularidades en las construcciones.
Según los datos difundidos en La Pecera, el padrón presenta un valor catastral de $8.509 y no registra superficie edificada. El programa vinculó esa situación con la tributación correspondiente al inmueble.
Bares, por su parte, reconoció que las edificaciones y reformas realizadas en el predio no figuran actualmente en los registros catastrales y sostuvo que la familia procura regularizar la situación del inmueble.
El informe también consultó a especialistas sobre la situación jurídica del predio y sobre la posibilidad de recurrir a un proceso de prescripción adquisitiva para regularizar la propiedad.
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