El edil frenteamplista Pablo Urreta destacó los cambios introducidos por el decreto 3282, que regula las declaratorias de interés departamental para empresas. Según señaló, la normativa anterior permitía exonerar vehículos de lujo y generaba una renuncia fiscal de unos $ 8 millones anuales para la Intendencia, de acuerdo con información solicitada en 2025.

La promulgación del decreto 3282 de la Junta Departamental de San José, que introduce modificaciones al régimen de declaratorias de interés departamental para empresas y establece nuevas condiciones para acceder a beneficios tributarios fue el centro de lo manifestado en las últimas horas por el edil Pablo Urreta (FA). Entre los principales cambios, señaló que las exoneraciones de patente de rodados para las empresas comprendidas en la categoría A quedarán limitadas a vehículos utilitarios afectados a su actividad.
A través de una publicación en redes sociales, Urreta consideró que la nueva normativa mejora sustancialmente el régimen anterior, al precisar los procedimientos, las exigencias para acceder a los beneficios y los mecanismos de control. También valoró que la iniciativa haya sido presentada por el edil Claudio Parodi, ajustada por el Ejecutivo Departamental y posteriormente modificada en el ámbito legislativo con aportes y apoyo del Partido Nacional y el Frente Amplio.
Uno de los aspectos que motivó los cuestionamientos del edil fue el alcance que tenían las exoneraciones de patentes bajo la reglamentación anterior. Según explicó, las empresas declaradas de interés departamental en categoría A podían acceder a beneficios sobre la contribución inmobiliaria, los permisos de construcción y la patente de rodados, sin que existiera una limitación suficientemente precisa respecto al tipo de vehículos alcanzados.
Urreta sostuvo que esa situación permitió que se exoneraran vehículos de alta gama que, a su entender, no estaban destinados a cumplir funciones operativas o productivas dentro de las empresas beneficiarias.
Como respaldo de sus cuestionamientos, mencionó un pedido de informes realizado en 2025. De acuerdo con los datos que difundió, en ese momento había 41 empresas de categoría A que recibían exoneraciones de patente, aunque la Intendencia proporcionó información detallada sobre 28 de ellas.
Esas 28 empresas tenían 202 vehículos alcanzados por el beneficio, por los que la Administración dejaba de recaudar aproximadamente $ 8 millones anuales. Además, cinco de las empresas concentraban alrededor de la mitad de ese monto, unos $ 4 millones, pese a no reunir la mitad de los vehículos exonerados.
El edil también cuestionó las marcas y modelos incluidos en el régimen anterior. En la información que compartió aparecen vehículos BMW, Audi, RAM, Volvo y Honda, además de un Porsche, que utilizó como ejemplo de los alcances que podía tener la exoneración.
«Claramente esto no puede suceder, la ISJ no puede exonerar de patente esos vehículos de lujo», expresó Urreta, quien consideró que esos recursos podrían destinarse a obras o a ampliar beneficios para sectores de menores ingresos, como jubilados y madres jefas de hogar.
Controles Además de la modificación vinculada a las patentes, el decreto 3282 incorpora otros cambios al régimen de declaratorias de interés departamental.
Entre ellos se encuentra la creación de un Registro Departamental de Inversores, que permitirá conocer la renuncia fiscal asumida por la Administración y mejorar el seguimiento de las empresas beneficiarias.
La normativa también establece con mayor precisión los procedimientos para realizar los trámites, los incentivos tributarios disponibles y las exigencias correspondientes a cada categoría. A su vez, otorga mayores potestades a la Junta Departamental para realizar el seguimiento de las actividades de las empresas y le concede autonomía para otorgar la categoría C.
En materia laboral, se establece como requisito que el 90% de la mano de obra sea local. Además, se fija que el 5% de los puestos de trabajo sea ocupado por mujeres y el 10% por jóvenes.
Otra de las obligaciones incorporadas es la presentación de un informe anual de actividades por parte de las empresas beneficiarias. También deberán estar al día con sus obligaciones tributarias. Esos informes serán remitidos a la Junta Departamental y servirán como parte del mecanismo de control para la renovación de los beneficios en el año siguiente.
Urreta valoró que la nueva reglamentación permita mejorar la fiscalización de las exoneraciones y evitar que los incentivos tributarios alcancen bienes que no estén directamente vinculados con la actividad productiva de las empresas.
El legislador departamental calificó los cambios como una buena noticia y consideró que la nueva normativa corrige situaciones que, bajo el régimen anterior, permitían un uso que entendía inadecuado de los beneficios concedidos por la Intendencia.
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