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Política

Comisión de Género pide tratar deuda alimentaria de un edil y cuestiona actuación de otro como abogado

El caso fue presentado como de “extrema gravedad” y motivó un pedido formal de reunión entre ámbitos institucionales, además de planteos para que intervengan organismos vinculados a la ética pública y el funcionamiento interno de la Junta Departamental.

Por Diego Casco Dabosio•20 de abril de 2026, 17:57•2 min de lectura

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Comisión de Género pide tratar deuda alimentaria de un edil y cuestiona actuación de otro como abogado
Plantean tratar en la Junta el caso de Mesa y cuestionan rol de PlaceresFoto: Ramón Marrero
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La Comisión de Género del Municipio de Ciudad del Plata solicitó a la Junta Departamental de San José el tratamiento urgente de una situación vinculada al incumplimiento de obligaciones de pensión alimenticia por parte de un edil, en un planteo que además cuestiona la actuación de otro legislador departamental como abogado en el mismo caso.

La iniciativa fue impulsada por la concejal y alcaldesa interina Eliana Barceló, quien comunicó que, ante la gravedad de los hechos, se solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Género de la Junta Departamental, al tiempo que la situación ya fue puesta en conocimiento de ese ámbito para su consideración.

El planteo refiere al edil del Frente Amplio Emiliano Mesa, sobre quien se señala una deuda de pensión alimentaria acumulada durante más de nueve años, estimada en unos 600.000 pesos, según la documentación presentada. De acuerdo al informe elaborado por la Comisión, el incumplimiento se mantuvo pese a la existencia de una sentencia judicial que fijaba el pago de un porcentaje de sus ingresos.

En ese mismo contexto, la Comisión cuestiona la intervención del también edil del FA Roberto Placeres, quien actuó como abogado de su compañero de bancada y propuso un acuerdo de pago que implicaba una quita del 50% de la deuda documentada, sin contemplar reajustes ni intereses ni ofrecer garantías de cumplimiento.

Desde la Comisión de Género se entiende que estos hechos configuran una situación de “violencia económica” y una vulneración de derechos, en particular de la menor involucrada, en base a normativa vigente como la Ley N° 19.580, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, el informe sostiene que el incumplimiento prolongado de la obligación alimentaria resulta incompatible con el ejercicio de funciones representativas, al tiempo que plantea una “contradicción institucional” en relación al rol público de quienes integran órganos políticos y promueven políticas de género.

En ese marco, la Comisión solicitó a la Junta Departamental tomar conocimiento formal del caso, evaluar la situación de ambos ediles y considerar medidas en el ámbito de sus competencias, incluyendo la eventual intervención de la Comisión de Asuntos Internos.

También se propuso que el caso sea remitido a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) para su análisis, en función de los principios de ética aplicables a la función pública.

El planteo cuenta con el respaldo institucional del Municipio de Ciudad del Plata y, según se indicó, no responde a motivaciones partidarias, sino a la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva de derechos y con responsabilidad institucional.

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