El edil Gonzalo Geribón, representante del Partido Nacional y principal impulsor del proyecto que regula la circulación de monopatines y otros vehículos de movilidad personal (VMP), expresó su preocupación por las modificaciones introducidas por la Intendencia de San José (ISJ) al decreto aprobado por la Junta Departamental a comienzos de junio.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el artículo 10, que refiere a la identificación de los VMP. La normativa original establecía que cada vehículo debía contar con un registro único, visible e intransferible, cuya expedición sería obligatoria y gratuita. Sin embargo, la nueva propuesta del Ejecutivo mantiene la obligatoriedad pero elimina la gratuidad, lo que abre la puerta a que los usuarios deban afrontar un costo por el trámite.
Una situación similar se plantea en el artículo 11, vinculado a la exoneración tributaria. El texto aprobado por la Junta eximía a los VMP del pago de patente, tasas o tributos. La versión remitida por la ISJ limita esa exoneración únicamente a los vehículos que, según la normativa vigente, no sean empadronables, dejando sin efecto la exoneración general de cualquier otro tributo.
Geribón recordó que antes de someter el proyecto a discusión lo había remitido al Ejecutivo, a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y a la Dirección de Tránsito, sin recibir observaciones que sugirieran eliminar la gratuidad de los registros. En ese sentido, manifestó su discrepancia con la posibilidad de que los usuarios deban pagar por un trámite que, en su visión, debería ser accesible para todos.
“Regular no puede significar recaudar. Ordenar no puede significar cobrar”, afirmó el edil, quien advirtió que imponer una obligación de registro y, al mismo tiempo, habilitar un costo asociado podría transformarse en una barrera económica para quienes utilizan estos medios de transporte como alternativa cotidiana.
El legislador departamental también defendió las competencias de la Junta y subrayó que tanto el Legislativo como el Ejecutivo deben actuar dentro de los límites que les asigna la Constitución. Si bien aseguró estar dispuesto a analizar los cambios “con responsabilidad y apertura al diálogo”, adelantó que no acompañará aquellas modificaciones que, a su entender, alteren el espíritu original del decreto.
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