San José marcó el camino y Montevideo replica su decreto contra las picadas ilegales

San José se posiciona como referencia en materia de legislación departamental luego de que la Junta Departamental de Montevideo aprobara por unanimidad un decreto para combatir las picadas ilegales, una iniciativa que sigue el camino trazado por el departamento josefino con la norma aprobada el pasado 17 de junio.

La legislación impulsada en San José, presentada por el edil nacionalista Aparicio Camy, fue la primera del país en establecer un régimen específico para la inmovilización e incautación de vehículos utilizados en competencias vehiculares no autorizadas o en maniobras temerarias que pongan en riesgo la seguridad vial.

Ahora, Montevideo adoptó una solución de similares características. Entre los principales cambios, la nueva normativa dispone que los vehículos incautados permanezcan hasta 90 días en depósitos de la Intendencia. Además, para recuperarlos, los propietarios deberán regularizar la situación del vehículo y no mantener deudas con el gobierno departamental, además de afrontar los costos derivados de la incautación.

Hasta ahora, en la capital era posible retirar el vehículo a los pocos días mediante un convenio de pago y el abono de la primera cuota de las obligaciones pendientes.

El decreto aprobado en San José faculta al cuerpo inspectivo de la Intendencia a inmovilizar e incautar automóviles o motocicletas cuando constate la participación en picadas ilegales o maniobras imprudentes o temerarias que representen un peligro para la circulación, las personas o los bienes, así como cuando provoquen ruidos molestos o contaminación sonora.

La normativa también establece que, para la devolución del vehículo, el titular deberá no registrar deudas tributarias vencidas, presentar la documentación correspondiente, contar con Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y Permiso Único Nacional de Conducir vigentes, además de abonar los costos generados por el traslado, depósito y demás gastos asociados. Antes de la restitución, la Intendencia realizará una inspección técnica para verificar que el vehículo se encuentre en condiciones aptas para circular.

Asimismo, prevé que los vehículos que no sean retirados dentro de los plazos establecidos o cuyos propietarios no cumplan con los requisitos exigidos puedan ser declarados en estado de abandono y posteriormente subastados, destruidos o destinados a otros fines que determine la reglamentación.

En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que la normativa vigente no resultaba suficiente para desalentar la reiteración de estas prácticas y fundamenta la competencia de los gobiernos departamentales para adoptar este tipo de medidas en diversas disposiciones de la legislación nacional y en recientes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia.

Con la aprobación del decreto en Montevideo, la iniciativa nacida en San José comienza a extenderse a otros departamentos como herramienta para reforzar la seguridad vial y combatir las picadas ilegales.