Avanza demanda millonaria contra Uruguay por la concesión de Ruta 1, obra clave para San José

La demanda internacional presentada contra el Estado uruguayo por la revocación de la concesión de la Ruta 1 dio un nuevo paso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, y vuelve a poner en foco una obra de particular relevancia para el departamento de San José.

El caso está vinculado directamente con el tramo de doble vía entre Montevideo y Libertad, así como con la construcción del puente sobre el río Santa Lucía, una infraestructura estratégica para el tránsito hacia el área metropolitana y una de las principales arterias de ingreso y salida para miles de habitantes del oeste del país.

En las últimas horas, el gobierno uruguayo designó a Meg Kinnear como integrante del tribunal arbitral, completando así el cuerpo que estudiará la demanda presentada por la firma española AFAO. El tribunal ya contaba con Stephan Schill, propuesto por la empresa demandante, y será presidido por Felipe Bulnes Serrano.

La conformación definitiva habilita al CIADI a iniciar el análisis formal del reclamo, que asciende a 383 millones de dólares. La empresa sostiene que la rescisión del contrato de concesión, dispuesta en 2005, constituyó una violación del tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre Uruguay y España en 1992.

El conflicto tiene un fuerte impacto simbólico y territorial para San José, ya que se refiere a una de las obras viales más importantes para el departamento en las últimas décadas. La doble vía de Ruta 1 es un corredor esencial para la conectividad entre Ciudad del Plata, Libertad y la capital del país, además de ser un eje clave para el transporte de carga y la actividad productiva local.

La concesión había sido adjudicada en 1998 al Consorcio Ruta 1 S.A., que tenía a AFAO como accionista mayoritaria a través de otra firma vinculada. El contrato incluía la construcción, conservación y explotación del corredor vial y del puente sobre el río Santa Lucía. Sin embargo, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el vínculo al considerar que existían graves incumplimientos.

En ese momento, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, argumentó que las obras presentaban atrasos significativos y observaciones sobre la situación económico-financiera del concesionario, además de reparos formulados por organismos estatales respecto a su situación tributaria.

La empresa española sostiene, en cambio, que la rescisión ocurrió cuando la obra estaba prácticamente terminada y restaban aún varios años de explotación comercial. Según su postura, la crisis económica de 2002 alteró profundamente las condiciones del negocio, reduciendo drásticamente la recaudación por peajes y encareciendo los costos operativos, lo que habría generado un desequilibrio económico que nunca fue compensado por el Estado.