La situación de la empresa Dirox, ubicada sobre Ruta 1 a la altura del kilómetro 48, volvió al centro de la discusión pública tras la paralización de su actividad y la acumulación de residuos industriales en el predio. Mientras el Ministerio de Ambiente mantiene el seguimiento del caso, vecinos de la zona insisten en la necesidad de respuestas sobre posibles efectos en la salud y el ambiente.

La planta química Dirox, instalada desde 1996 en las inmediaciones de Libertad, atraviesa un momento de definición. Sin actividad productiva desde fines del año pasado, con unos 60 trabajadores en seguro de paro y a la espera de posibles inversores, el futuro de la empresa aparece atado a decisiones que se tomarán en los próximos días.
En paralelo, crece la preocupación en la zona por la presencia de residuos industriales dentro del predio y por los posibles impactos ambientales asociados a su operativa histórica. De acuerdo a información surgida de una investigación publicada en el diario El País, en el lugar permanecen alrededor de 1.800 toneladas de desechos vinculados a procesos químicos, algunos de ellos con presencia de cromo, incluido el cromo hexavalente, considerado riesgoso para la salud.
La empresa, que en sus orígenes estuvo vinculada a capitales italianos del grupo Stoppani y posteriormente pasó a manos de inversores extranjeros, se dedica a la producción de sulfato de cromo líquido, taninos sintéticos y vitamina K3, un aditivo utilizado en la alimentación animal.
Vecinos de la zona, muchos de ellos productores rurales, mantienen desde hace años cuestionamientos sobre el funcionamiento de la planta. José Carlos Reyes, residente en las inmediaciones, plantea una inquietud que resume el sentir de varias familias: la falta de información concreta sobre la composición del humo que, según relata, en determinadas condiciones climáticas llegaba hasta su vivienda.
Los reclamos no son nuevos. Desde comienzos de los años 2000 se registraron denuncias, movilizaciones e incluso acciones judiciales que cuestionaron el impacto ambiental de la industria. Sin embargo, los tribunales desestimaron esos planteos al no comprobarse daño ambiental atribuible a la empresa en el acuífero Raigón, estableciendo además que ciertos niveles de afectación pueden considerarse admisibles dentro de los estándares vigentes.
En el presente, con la planta prácticamente inactiva, el foco se trasladó hacia el estado del predio. Una inspección reciente del Ministerio de Ambiente incluyó toma de muestras de suelo en distintos puntos, así como la verificación de infraestructura y sistemas de contención. Según lo observado, existen sectores con deterioro y materiales que, en condiciones normales, serían recirculados en el proceso productivo, pero que actualmente requieren almacenamiento controlado.
El seguimiento oficial continúa, mientras se evalúa si la empresa retomará su actividad o avanzará hacia un cierre definitivo. Esa definición será clave también para el destino de los residuos acumulados.
A nivel local, la incertidumbre convive con otras preocupaciones. Vecinos han reportado intrusiones en el predio ante el deterioro del cerco perimetral y la falta de actividad, lo que suma un nuevo elemento de inquietud en la zona.
En ese contexto, quienes viven en las cercanías de la planta insisten en un reclamo sostenido en el tiempo: acceder a información clara y concluyente sobre los posibles efectos de la actividad industrial en el entorno. Mientras tanto, la ausencia de humo en los últimos meses genera una calma relativa, aunque lejos de disipar las dudas de fondo.
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