
Qué poco nos gusta acatar las normas, sobre todo en el tema tránsito. Ahora el diputado cabildante Álvaro Perrone vuelve a reflotar el tema, pidiendo que se baje el monto de las multas, apoyándose en el aspecto “recaudador” de estos sistemas.
Dos cosas que a mi entender son claves y que han estado incluidas en la discusión, como mucho, lateralmente.
En primer lugar ningún radar tiene como finalidad recaudar dinero: si uno al conducir respeta lo que señala el cartel de velocidad máxima, es imposible que el radar “le saque dinero”. Y en eso vale tomar en cuenta el caso de cientos de conductores que han pasado en innumerables ocasiones por los radares y nunca han sufrido una multa, simplemente por acatar la velocidad que está señalizada.
Por otro lado, resulta fundamental tomar en cuenta que reducir la velocidad tiene como finalidad la seguridad del conductor. Es decir que ese elemento tan señalado, como recaudador o como si su función fuera hacernos demorar más en la ruta, tiene como objetivo central que usted, a la hora de hacer un viaje en ruta, lo haga con mayor seguridad. O en el caso de los radares que pasan por los pueblos, que los habitantes de esa localidad no tengan vehículos atravesando los centros poblados a 100 kilómetros por hora, y que lo hagan, al menos en ese tramo, a una velocidad razonable en comparación a cómo se moviliza la gente en el pueblo.
Nos interpela como sociedad y habla a las claras de cómo ordenamos las prioridades.
Primero me preocupa cuánto dinero me saca (dando por entendido que voy a desobeceder la regla de velocidad máxima), luego viene la problemática de cuánto más me hace demorar en llegar a donde quiero ir, y por allá lejos, reparamos en el hecho de que la herramienta apunta a reducir la velocidad nada más ni nada menos, que por nuestra seguridad.
Se nos viene a la menta aquella política de Sergio Botana en la Intendencia de Cerro Largo, en contra totalmente del uso del casco protector por parte de motociclistas. Es tan insólito como eso.
Tal vez si no fallecieran casi 500 personas o tuviéramos casi 30 mil lesionados al año, lo tomaríamos distinto el tema. Mientras el panorama sea este, seguro que no.
Volviendo a los radares, veremos que pasa en Senadores. Por lo pronto, y de nuestra parte, rechazo absoluto a toda iniciativa que apunte al “afloje” de las medidas para mejorar (ya sea mucho o poco) la seguridad en el tránsito.
0 comentarios

La diputada suplente por el Partido Nacional, Marianita Fonseca, realizó una exposición en la Cámara de Representantes en la que trasladó dos planteos referidos a demandas del departamento de San José: la creación de un nuevo liceo en San José de Mayo y la incorporación de profesores de educación física para Ciudad del Plata.
El caso tomó notoriedad nacional tras ser expuesto en el programa televisivo Todo se sabe, donde varios damnificados relataron que durante años entregaron dinero para el pago de obligaciones ante organismos públicos, pero luego comprobaron que esos trámites no se concretaban y que acumulaban deudas con recargos.


La controversia por la rescisión del contrato de la doble vía de Ruta 1 entre Montevideo y Libertad, una infraestructura central para la movilidad y la actividad económica de San José y de buena parte del país, ingresó en una nueva etapa tras completarse el tribunal arbitral que analizará el reclamo de una empresa española ante el Banco Mundial.


Residentes del balneario mantuvieron una reunión con autoridades policiales y representantes del Municipio de Libertad para trasladar la preocupación existente por los robos registrados en la zona. Entre las medidas planteadas figura la ampliación del sistema de videovigilancia y un mayor control policial durante todo el año.


La futura presencia del Banco República en el Centro Cívico de Ciudad del Plata volvió al centro del debate público tras un intercambio entre autoridades locales, que discrepan sobre si el anuncio realizado esta semana corresponde a una nueva concreción o a una gestión ya confirmada durante la pasada administración municipal.

